Envía Juez a prisión a dos imputados de robo con violencia

Por Manuel Angulo C.

El primer caso de robo con violencia, luego de que este delito fuera tipificado como grave en el Estado, fue atendido hoy en Mexicali en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por el Juez de Garantía Juan Salvador Morones Pichardo.

El Juez de Garantía tuvo que rectificar la petición del Ministerio Público, la cual fue apoyada por la Defensa, de que se aplicaran a dos imputados diversas medidas cautelares, excepto la prisión preventiva, a pesar de la gravedad del delito perseguido.

Las reformas que agravaron el robo con violencia fueron hechas al artículo 203 del Código Penal y a la fracción IV del artículo 155 del Código de Procedimientos Penales de Baja California; ambas entraron en vigencia el 10 de febrero luego de que el decreto oficial que les da validez, el número 32, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado un día antes.

Con las reformas realizadas, el robo con violencia es catalogado como delito grave, al igual que el homicidio y el secuestro, y por tanto, quien es vinculado a proceso por la presunción de haberlo cometido debe pasar en prisión preventiva el desarrollo del juicio al que se le someta.

Este viernes 11 de febrero el Juez Morones Pichardo encabezó la audiencia para control de detención a partir de las 10:30 horas en la sala número 9 del Centro de Justicia de la Calle Sur.

En la audiencia, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Wendy Reyes Aguilar expuso los hechos en que el pasado 8 de febrero dos sujetos presuntamente robaron con violencia un establecimiento de venta de gasolina ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Mexicali a Tijuana, a la altura de la colonia Progreso.

Un hombre de 25 años, originario de Mexicali, con carrera universitaria, casado y empleado de una empresa telefónica, junto con otro sujeto de la misma edad, con preparatoria terminada, originario de Quintan Roo, y también empleado en una empresa telefónica, son los presuntos responsables del delito.

De acuerdo al relato del Ministerio Público, la noche del 8 de febrero, minutos antes de las 11:30, el sujeto originario de Quintana Roo amenazó con una herramienta metálica a Marcelino Martínez Ramírez y tras unos minutos lo obligó a que le entregara el dinero que llevaba en la bolsa, unos 840 pesos, producto de las ventas de gasolina.

El sujeto enseguida emprendió la huida y subió a un vehículo Honda Accord modelo 1994, color negro, placas BEI-7931, en el cual lo esperaba, en el asiento del piloto, el otro participante en el delito. Ambos sujetos huyeron con rumbo a Mexicali.

Un empleado del negocio de venta de gasolina, Fernando Vázquez Félix, fue testigo de los hechos y de inmediato llamó al 066 para pedir apoyo a las autoridades. Mientras tanto, Marcelino Martínez subió a su vehículo y persiguió a los presuntos ladrones, de manera que no los perdió de vista a una distancia de 50 metros.

Minutos después, la patrulla 3965 con dos agentes a bordo alcanzó la persecución y detuvo al vehículo Honda Accord. Del vehículo descendieron los dos ocupantes y después de una revisión, uno de los agentes policiacos encontró debajo del asiento del copiloto una herramienta metálica de aproximadamente 35 centímetros de longitud y 440 pesos en billetes.

Con el relato presentado por la fiscalía y sin ninguna expresión contraria de la defensora pública Patricia Moreno Galván, el Juez de Garantía decidió calificar como legal la detención y minutos después concedió el auto de vinculación a proceso.

El Juez Morones Pichardo desechó además la petición del Ministerio Público para que los imputados fueran beneficiados con diversas medidas cautelares en libertad, entre ellas la restricción de salir del Estado y de acercarse al establecimiento comercial presuntamente robado, así como aproximarse a la víctima, en este caso Marcelino Martínez Ramírez.

La petición del Ministerio Público para que se aplicaran diversas medidas cautelares, excepto la de prisión preventiva, a pesar de que desde el pasado 10 de febrero el robo con violencia es delito grave, fue fundamentada con el argumento de que al momento de que los dos imputados presuntamente cometieron el delito, aún no se decretaban las modificaciones a la ley.

El Juzgador decidió hacer un receso de media hora, tras la cual consideró inoperantes los argumentos del Ministerio Público, debido a que la jurisprudencia que existe al respecto señala que en los casos en que se trate de leyes procesales no aplica el principio de no retroactividad de la ley que ampara el artículo 14 de la Constitución Política Mexicana.

De esta manera, el Juez determinó que, en respeto a las modificaciones hechas al Código Penal y Código de Procedimientos Penales de Baja California, se debía aplicar, de manera oficiosa, la prisión preventiva a los dos imputados.

Antes de finalizar la audiencia, se fijó como plazo un mes para la investigación del caso, ya que el Ministerio Público y la Defensa previeron la posibilidad de que se realice un procedimiento abreviado o algún otro que reduzca el tiempo del juicio.

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