Clasifica SSPE de Baja California información de gasto en armas y municiones

Por Manuel Angulo C.

El gasto que ha realizado el Gobierno de Baja California, desde el 2008 a la fecha, en la compra de armas y municiones para las corporaciones policiacas municipales y estatales, es información que fue clasificada como “reservada” por el Secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa Anaya, por lo que no puede ser conocida de manera pública.

El acuerdo por el que la información relacionada con la inversión en armamento y municiones se declaró como reservada fue elaborado y firmado el 26 de febrero de 2011 por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La declaratoria de información clasificada, según el documento identificado como AR-SSP-006/2011, establece en el segundo de los acuerdos que la reserva persistirá un término de cinco años, la más amplia que señala, en su artículo 19, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

El 6 de mayo de 2010 el Secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa Anaya entregó armamento a agentes de la Policía Estatal Preventiva.

Una solicitud realizada el 10 de marzo de este año, y cinco más el 14 de agosto pasado, todas ellas a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), del Gobierno de Baja California, tuvieron la misma respuesta en el sentido de la reserva de los datos solicitados.

Las solicitudes tramitadas el 14 de agosto pedían el monto de inversión ejecutado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California para la compra de armamento y municiones en los años 2008, 2009, 2010 y periodo de enero a julio de 2011.

La solicitud pedía también el nombre la empresa o empresas a las que se adquirió el armamento y municiones, y además solicitaba conocer en qué proporción el agosto ejecutado en cada año se distribuyó a las diversas corporaciones municipales y estatales de Baja California.

Las respuestas a las cinco solicitudes fueron emitidas el 22 de agosto de 2011, y de manera similar en cada una de ellas se explica textualmente:
“… la suscrita Directora de la Unidad Concentradora de Transparencia con fundamento en los artículos 23, 24 y 39 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, tengo a bien notificar RESPUESTA NEGATIVA POR INFORMACIÓN RESTRINGIDA en contestación a su solicitud…. Con base en el acuerdo de Reserva: AR-SSP-06/11, emitido por Daniel de la Rosa Anaya en su carácter de Secretario de Seguridad Pública…”

En el documento aparece la firma de Olga Minerva Castro Luque, Directora de la Unidad Concentradora de Transparencia.

• El acuerdo para clasificarla como reservada

El documento AR-SSP-006/2011, llamado “Acuerdo por el que se clasifica como reservada información a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, consta de ocho puntos en el apartado de consideraciones, en los cuales alude diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, de la Ley de Seguridad Pública de Baja California, y del Reglamento de la misma dependencia estatal.

En el considerando número VIII, el documento señala:

“Por lo que la información relativa al armamento que utilizan los miembros de las diferentes corporaciones policiacas en la entidad, como son las Policías Preventivas de los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito; las que utilizan la Policía Estatal Preventiva y la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, así como la información relativa a la licencia oficial colectiva que ampara la portación de dicho armamento es de la considerada como reservada en términos del artículo 24 fracciones III, IV y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, ya (sic) su divulgación pondría en peligro a referidos miembros de las instituciones policiales, asimismo puede causar un serio perjuicio a la seguridad pública en las tareas de prevención, investigación y persecución de los delitos, aunado a que por disposición expresa de una ley, esta información es calificada como reservada”.

Cabe señalar que en las solicitudes de información realizadas el pasado 14 de agosto de 2011, e identificadas con los folios 07027, 07028, 07029, 07030 y 07031, no se pedía información relacionada con la licencia colectiva de armas, ni con los calibres o tipo de armamento; la solicitud sólo contenía peticiones relacionadas con el gasto de dinero público para la compra de armamento y municiones, así como los datos de las empresas proveedoras.

• Recurre al Instituto de Transparencia

El 31 de agosto pasado, se interpusieron cinco recursos de revisión, uno por cada respuesta dada como negativa, ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, con la finalidad de que se examine si las respuestas dadas por el Gobierno del Estado a las solicitudes de información, respecto al gasto de recursos públicos en la compra de armamento y municiones, violan el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

Los recursos de revisión quedaron registrados con los folios 2011083111, 2011083112, 2011083113, 2011083114 y 2011083115, y fueron recibidos y firmados por María Rebeca Félix Ruiz, Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia.

Hasta el pasado 20 de septiembre, el Instituto de Transparencia no había resuelto sobre los recursos de revisión que tiene para su estudio y análisis.

**La información contenida en el cuadro anterior fue obtenida del documento situado en la dirección electrónica:
http://www.congresobc.gob.mx/contenido/LegislacionEstatal/index20v2.html

Acostumbran corporaciones armadas negar información

Por Manuel Angulo C.
La negativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California para dar a conocer información sobre el gasto ejercido en la compra de armamento y municiones, así como la clasificación de esa información con el carácter de reservada, no es la primera ni la única que se registra en México.

Apenas el pasado 8 de agosto, el diario LA JORNADA publicó una nota en la que revela que la Secretaría de Marina (Semar) clasificó como reservada la información del gasto ejercido en 2010 para adquirir armamento, maquinaria y equipo de defensa; la declaratoria de reserva fue por 12 años, la más larga que permite la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

La nota publicada por LA JORNADA refiere que inicialmente la solicitud realizada a la Semar fue respondida con una negativa, bajo el alegato de que “determinó clasificar esos datos porque al revelarlos se evidenciaría la capacidad de acción de la Armada de México, pues se sabría el tipo de armamento con el que cuenta y las limitaciones o fortalezas del mismo, identificando la capacidad de respuesta de la institución”.

Mediante un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), el diario LA JORNADA
logró que la comisionada ponente María Marván determinara que la institución armada debía entregar la información.

El diario nacional indica que la Secretaría de Marina, a juicio de la comisionada, “no precisó claramente el daño probable, presente y específico que pudiera ocasionarse al difundir la información solicitada, por lo que no se advierte cómo pueda comprometer la defensa nacional el otorgar acceso a la información relativa al presupuesto asignado a la compra de armamento y el nombre de las empresas con las cuales se contrataron tales bienes”.

La resolución del Ifai incluyó la orden a la Secretaría de Marina para que proporcione el nombre de las empresas proveedoras del armamento adquirido.

Ver nota completa de LA JORNADA: http://tinyurl.com/3uavhck

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