Ordena ITAIPBC a Secretaría de Seguridad revelar gasto en armas y municiones

La dependencia estatal negó los datos en agosto del 2011 cuando le fueron solicitados, argumentando que temía que la delincuencia organizara pudiera enterarse, al conocer cifras de gasto, el tipo de armas que poseen las corporaciones policiacas

Por Manuel Angulo C.

En tres años y medio, el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ha gastado más de 28 millones de pesos en la compra de armas y municiones para la Policía Estatal Preventiva (PEP) y para el Sistema Estatal Penitenciario.

Este dato se desprende de cuatro informes entregados por el Secretario de Seguridad Pública del Estado Daniel de la Rosa Anaya, luego de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIP), le ordenara facilitar las cifras de recursos gastados por la dependencia estatal en la compra de armamento y municiones, en los años 2008, 2009, 2010 y el periodo enero a julio de 2011.

La información fue entregada luego de una serie de intentos, primero por mantenerla reservada, y luego por proporcionarla incompleta e ilegible.
Finalmente, cuatro recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia en contra de la SSPE evitaron que la dependencia ocultara las cifras en donde se evidencia que, en promedio, la dependencia ha gastado más de 663 mil pesos por mes (22 mil pesos diarios) para equipar con armas y municiones a sus corporaciones policiacas.


Adicionalmente, la SSPE ejerció en los tres años y medio recursos por más de 2 millones 300 mil pesos en la compra de armas y municiones para la Academia de Seguridad Pública de Baja California ubicada en Tecate.

En contraste, en el mismo periodo, sólo dos municipios, Playas de Rosarito y Tecate, adquirieron armamento, a través de la SSPE, para sus respectivas corporaciones municipales. En el caso de Rosarito, el Ayuntamiento ejerció 1 millón 038 mil 130 pesos; el Gobierno de Tecate gastó sólo 760 mil pesos.
En total, en Baja California se gastaron, en el periodo de enero de 2008 a julio de 2011, más de 32 millones 682 mil pesos para la compra de armas y municiones; de ese monto, el 94.5% fue ejercido en corporaciones policiacas estatales.

El Secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa Anaya explica, en los cuatro documentos entregados el pasado 23 de marzo, que “a todos los Municipios del Estado de Baja California, se les proporcionó recurso federal del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), sin embargo solo los municipios que se señalan, hicieron uso del mismo para la compra de armamento y municiones”.

El funcionario informa además que hasta 2008 los recursos federales provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y de 2009 en adelante se aplica el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), el cual los municipios aplican conforme sus necesidades.

De la Rosa Anaya dice también que la SSPE adquiere el armamento y municiones “a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para que la diversa Dirección General de la Industria Militar realice la adquisición conducente; por lo que el Ejecutivo Estatal no adquiere armamento de empresa particular alguna pues sólo puede realizar tal adquisición mediante el cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Secretaria de la Defensa Nacional para el trámite de adquisición de armamento, cartuchos y material diverso”.

• SSPE intenta “reservar” cifras de gasto público
La instrucción del ITAIPBC hacia la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California para que hiciera público el gasto en armamento y municiones está contenida en cuatro resoluciones dictadas el 20 febrero de 2012, es decir, seis meses después de que el periodista autor de este texto solicitara la información, el 14 de agosto de 2011, a la Unidad Concentradora de Transparencia del Estado de Baja California, mediante las solicitudes foliadas como 07027, 07029, 07030 y 070312.

En su respuesta inicial, emitida el 22 de agosto de 2011, la Unidad Concentradora negó la información, aduciendo que aquella era de carácter reservada, debido a que el 26 de febrero de 2011 el Secretario Daniel de la Rosa Anaya emitió el Acuerdo de Reserva AR-SSP-006/2011, documento que, según el argumento legal de la Secretaría de Seguridad Pública, evitaba que los datos sobre gasto en compra de armas y municiones pudieran darse a conocer al público.

La solicitud de información presentada por este periodista se refería a que la SSPE diera a conocer “… el monto de inversión ejecutado (…) para la compra de armamento y municiones en (los años 2008, 2009, 2010 y periodo enero-julio de 2011), y los nombres de las empresas a las que se les adquirió ese armamento y municiones. Solicito además conocer en qué proporción se destinó la inversión en armamento y municiones (en cada uno de los años referidos) a cada una de las corporaciones municipales y estatales que existen en Baja California”.

Con base en el artículo Sexto de la Constitución Mexicana y en la Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este reportero interpuso el 31 de agosto cuatro recursos de revisión, uno por cada solicitud de información respondida en forma negativa por la SSPE, las cuales fueron recibidas y analizadas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIP).

*Argumenta SSPE “temor” a delincuencia organizada
El 21 de octubre de 2011, el abogado Fernando Hernández Ruiz, representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, explicó al reportero, durante una audiencia de conciliación solicitada al ITAIPBC, que la información solicitada con respecto al gasto de armas ejecutado por al SSPE no podía ser entregada debido a que existía un Acuerdo de Reserva.

En la audiencia, llevada a cabo con la presencia del Consejero del ITAIPBC, Enrique Alberto Gómez Llanos León, el abogado Hernández Ruiz aseguró que si las agrupaciones criminales conocían las cifras gastadas en armas, podrían hacer un cálculo y determinar qué tipo de armamento poseían las corporaciones policiacas del Estado, lo cual las pondría en riesgo.

La respuesta del reportero fue que no estaba de acuerdo con la respuesta y argumentos de la SSPE, y pidió al ITAIPBC seguir adelante con el recurso de revisión.

El 19 de diciembre de 2011, la Secretaría de Seguridad Pública envió al Instituto de Transparencia la información del gasto ejecutado en armamento y municiones, datos que fueron hechos llegar al recurrente. La información era ilegible y estaba incompleta, por lo que el reportero expresó su inconformidad al respecto.

En las resoluciones emitidas el 20 de febrero del 2012, identificadas con los expedientes RR/07/2011, RR/08/2011, RR/09/2011 y RR/10/2011, correspondientes a las respectivas solicitudes de información , los consejeros del ITAIPBC, Alejandro Alcalá Méndez, Enrique Alberto Gómez Llanos León y Eréndira Bibiana Maciel López, señalan que la información, referente a cifras gastos en compras de armamento, solicitada por el recurrente no encuadra en la información que se describe en el Acuerdo de Reserva AR-SSP-006/2011, documento que la Secretaría de Seguridad pone como argumento para no entregar los datos solicitados.

“Por lo anterior y en virtud de la información presentada por el sujeto obligado, se reafirma que la información solicitada por el hoy recurrente no tiene el carácter de RESERVADA, tal y como en un principio lo hizo valer el sujeto obligado”, indica el documento en el cuarto punto de los considerandos.

Y agrega:

“De la misma manera, este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California no advierte, cómo el otorgar el acceso a la información al presupuesto asignado a la compra de armamento pueda comprometerse o poner en peligro la salud, vida o seguridad del Estado de Baja California o sus municipios, así como la defensa exterior e interior del mismo”.

Los consejeros del ITAIPBC resolvieron revocar la respuesta inicial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y le ordenaron que en el plazo de 3 días, contados a partir del 27 de febrero pasado, entregara la información a manera de informe, de forma clara y precisa, basada en el principio de sencillez que establece la Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

A pesar de la indicación, la SSPE solicitó una prórroga para entregar la información, la cual fue concedida por el Instituto de Transparencia.

La prórroga concluyó el pasado 23 de marzo, fecha en que efectivamente el Secretario Daniel de la Rosa Anaya entregó, vía correo electrónico y mediante la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuatro documentos que contienen la información referida.

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