Por Manuel Angulo C.
Discúlpeme usted que insista, pero creo que en estos tiempos, en los que se sigue discutiendo si la creciente democracia de la que hablamos en México es real o ficticia, (yo creo apenas balbucea), el tema de la transparencia del Gobierno y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos son temas fundamentales.
Tan sencillo como esto: No se puede aspirar a una democracia real con ciudadanos desinformados.
Siempre, y más ahora, tener la información es tener poder.
En el caso de la información pública, es decir, toda aquella información que trate de lo que el Gobierno realice con los recursos públicos; las decisiones que se tomen; los programas y estrategias que se implementen, en fin, todo aquello que de alguna u otra manera afecta a la vida pública, todo eso debe ser conocido por el ciudadano.
Por eso insisto en la importancia de que los ciudadanos nos involucremos con todo esto que tiene que ver con el escrutinio de lo que el Gobierno hace.
Abordé este tema la semana pasada y creo que podríamos abordarlo cada semana, incluso todos los días, y no acabaríamos de entender todas las aristas que este asunto nos ofrece.
Pero no tema estimado lector, no lo saturaré cada semana con este asunto. Sólo por esta ocasión, y de manera consecutiva, quiero compartir con usted las apreciaciones que un servidor tiene sobre lo vital (no exagero), que resulta el que de manera cada vez más rápida la sociedad logre incorporarse en la participación y en el conocimiento de estos mecanismos para acceder a la información.
Mire: Imagínese usted por un momento, para no ir tan lejos, al México de las décadas de los sesentas, setentas y ochentas, claro, es posible que en alguna de ellas haya vivido algunas de las etapas de su vida.
Es posible que no tenga que imaginarse nada, sino más bien recordar, y entonces la memoria trae los recuerdos de un país en los que el Gobierno era una cápsula cerrada, vedada para la mayoría y accesible sólo para los grupos políticos privilegiados.
Impensable que el ciudadano común, el que no era parte de un grupo político –como ahora se dice: el ciudadano de a pie— pudiera preguntarle al Gobierno, ya fuera federal, estatal o municipal, sobre los resultados de tal o cual programa; sobre la aplicación de tales o cuales recursos; o incluso saber cuánto ganaba determinado funcionario.
La única manera de conocer, de manera somera y general, el estado que guardaba la Nación, era en aquellos maratónicos informes presidenciales, en donde más que la información que se brindaba, se resaltaba ese rancio protocolo político en el que se rendía pleitesía al Presidente de la República.
Incluso para los periodistas de aquellas décadas la información que recibían del Gobierno podía ser puesta en duda, porque no era raro ni poco habitual que las cifras y los datos sobre el quehacer del Gobierno se “maquillaran”.
Pero, se supone, que esos tiempos pasaron. Actualmente haya una Ley Federal de Acceso a la Información Pública, y cada entidad del país tiene su propia Ley de Acceso.
Claro, son leyes inacabadas porque tendrán que ser modificadas conforme la ciudadanía avance en sus reclamos de una mayor apertura en los datos que deben ser públicos.
Tan inacabadas son estas leyes, que a estas alturas, en Sonora, hay Ayuntamientos que ignoran, con desfachatez impresionante, la exigencia de la sociedad de que cada vez más los Gobiernos sean transparentes en el manejo de sus recursos.
Le cuento un caso: El 25 de marzo de 2011 un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Aguaprieta, Sonora, que le informara acerca de los viajes realizados por el Alcalde panista Vicente Terán Uribe, los motivos de esos viajes, cuánto había gastado en cada uno y que le mostraran las facturas que comprobaran dichos gastos.
El 28 de marzo de 2011 el ciudadano recibió la respuesta a su solicitud foliada con el número 9711:
“El honorable cabildo del Municipio de Agua Prieta de manera unánime y bajo acuerdo 77 autorizó al Presidente Municipal para que no presente comprobación de viáticos, por tal motivo no está disponible dicha información por considerarse como reservada por acuerdo del cuerpo edilicio”, cita el texto enviado al solicitante a través del sistema Infomex.
¿Cómo ve? Un Cabildo autoriza al Alcalde para que no compruebe los gastos que realice en sus viajes, los cuales son pagados con dinero público, dinero aportado por los contribuyentes mediante el pago de impuestos, derechos, aprovechamientos, entre otros conceptos.
Y efectivamente, el Acuerdo 77 de Cabildo del Ayuntamiento de Aguaprieta, tomado el 11 de enero de 2010, les da “luz verde”, no sólo al Alcalde, sino además a los funcionarios de “primer nivel” para que, en el caso de éstos últimos, cuando salgan de viaje no tengan que comprobar los gastos de los primeros dos días.
El argumento que establece el acuerdo, para autorizar la no comprobación de gastos al Alcalde y la comprobación parcial a los demás funcionarios es que, textual: “…debido a que en otras Ciudades y/o destinos se realizan consumos en lugares en los que el Funcionario desconoce la situación fiscal del prestador de servicios, llámese hotel, restaurante, taxis, etc. Así como que existen gastos diversos que por su naturaleza y cantidad devengada es imposible solicitar comprobante fiscal”.
Para “ripley” la justificación hecha para atentar contra el derecho ciudadano de la información.
El acuerdo 77 completo lo puede leer aquí: http://aguaprieta.gob.mx/transparencia/Acta%2016.pdf
Entonces, como verá, si existiendo leyes se cometen este tipo de “asaltos en despoblado” contra los derechos de los ciudadanos, qué sería si no tuviéramos estas herramientas legales.
Pero tenerlas y no usarlas es lo mismo que si no existieran. Por eso al principio de esta columna le decía que es fundamental, para que la balbuceante democracia empiece de verdad a dar pasos firmes y se sostenga de pie, que como ciudadanos nos involucremos en las decisiones que el Gobierno toma.
Recuerde que precisamente el término democracia quiere decir “el gobierno del pueblo”, es decir, usted ciudadano puso a esos funcionarios ahí a representar el Gobierno, a administrarlo y a procurar bienestar para todos. Usted les paga el sueldo que perciben.
Así las cosas, haga de cuenta que usted es el patrón del Presidente Municipal de San Luis Río Colorado y puede decirle, con toda autoridad, que no está haciendo bien las cosas, si ese fuere el caso como resultado de analizar los resultados que ha dado en dos años.
Pero claro, como buen patrón, para que sus empleados (el Alcalde y demás funcionarios, pues) vean que usted tiene la sartén por el mango, debe estar bien informado de cómo se está manejando el Gobierno.
Y para informarse pues no hay más que preguntar, inquirir, indagar, solicitar información, y para eso está la ley.
Le invito a que empiece a hacerlo, aunque al principio no encuentre qué preguntar o como hacerlo, pero hay que participar. Lo importante es que todos nos convirtamos en vigilantes de este y todos los gobiernos que vienen por delante.
Haga la prueba y verá. Es interesante.
Hoy será un mejor día. Gracias.
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